NOGUERO
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Abogado

 

Información de interés sobre la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19.

Recopilación y análisis de la normativa aplicable a la gestión de la crisis sanitaria, el estado de alarma, las medidas de contención, las medidas económicas y laborales, y las denuncias, sanciones y multas aplicables.

La información facilitada no constituye asesoramiento jurídico.


Normativa

Análisis

BREVE ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL SENO DEL REAL DECRETO 463/2020 PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, ACORDADO PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA ACTUAL, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS RESTRICTIVAS DE DERECHOS.

La norma de referencia es el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Publicado en el «BOE» núm. 67, de 14 de marzo de 2020, páginas 25390 a 25400, con simultánea entrada en vigor a su publicación.

Primeramente, debemos atender a la naturaleza jurídica del Real Decreto; es decir, a los motivos que persigue el Gobierno a la hora de dictar esta norma. Y es que existen infinidad de formas y maneras en nuestro país de regular una situación de estado de alarma, siempre dentro de los límites de la Ley Orgánica 4/1981, por el simple hecho de que existen una infinidad de supuestos que pueden precisar de las medidas contundentes de la declaración de un estado de alarma. Supuestos que obviamente no pueden ser predeterminados con detalle, porque es únicamente a la vista de cada concreta situación en que se podrán articular las medidas y respuestas adecuadas a cada caso en concreto.

En el caso que nos ocupa, el Gobierno nos indica cuáles son las concretas circunstancias por las que decide declarar el estado de alarma. Y así, en su exposición de motivos, expone:

“La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.” Prosigue el Gobierno justificando que: “En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico.”

Ya se ha apuntado que existen varias maneras de atajar la situación, y baste para ello atender a las diferentes actuaciones que están llevándose a cabo por los diferentes gobiernos a lo largo del planeta.

De entre todas las que caben, en España se ha optado por una contención de máximo nivel en la propagación del virus a fin de que nuestro sistema sanitario no se colapse y pueda atender los casos que se le vayan presentando. Es la “curva” que estos días inunda los medios de comunicación y redes sociales, que no es sino una proporción o ratio entre medios sanitarios disponibles y personas que precisen de la atención y uso de dichos medios. Manteniendo la proporción de manera adecuada, se cumplirá el objetivo sanitario perseguido de salvaguardar la salud del mayor número posible de personas. Si se evita un contagio masivo, las personas ya contagiadas podrán ser atendidas y recuperarse con los medios con los que cuenta el sistema sanitario. Y los inevitables nuevos contagios, al ser escasos debidos a las medidas de contención, pueden absorberse por los servicios sanitarios a la par que se liberan por las personas ya atendidas y dadas de alta, evitando así el colapso del sistema. Consiguiendo así la deseable “curva” estable.

Todas estas consideraciones, de público conocimiento, son importantes a la hora de interpretar y aplicar el contenido del Real Decreto 463/2020, siendo las restricciones a los derechos y libertades la parte que en su aplicación más duda y resistencia está generando en la ciudadanía, sobre todo en lo referente a su libertad deambulatoria.

Con ello, entrando en materia, y a la vista del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, parece ser que la intención primordial del Gobierno es la de evitar en la mayor medida de lo posible el contacto entre personas en atención a los objetivos de contención antes expuestos:

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.

Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.

Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.”

Se viene escuchando con reiterada frecuencia la aparente contradicción existente entre que las personas tengan que ir a trabajar y que a su vez únicamente puedan acudir a determinados establecimientos abiertos al público. Erróneamente, también es frecuente considerar que las únicas personas que deberían acudir a sus puestos de trabajo son aquéllas que puedan prestar los indicados servicios.

Como ya se ha expuesto, el Gobierno atiende a los objetivos de “prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico”.

Se parte de que todas las personas tienen el derecho y la obligación de acudir a sus puestos de trabajo como lo venían haciendo hasta la fecha. Pero por las circunstancias que nos ocupan, el Gobierno considera que en determinadas actividades se fomenta más el contagio del virus debido a la pública concurrencia de personas. Es por ello que el Gobierno identifica cuáles son las que, a su juicio, deben sacrificarse con su cierre, limitando su apertura y atención al público en beneficio del mayor interés general. Estas actividades de mayor riesgo de contagio debido a su eminente naturaleza de concurrencia pública son aquellas a las que se dirigen las medidas de los artículos 9, 10, 11 y 14; a saber: medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación, en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, en lugares de culto, en ceremonias civiles y religiosas, y en medios de transporte público.

En concreto:

1.    Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación.

“Artículo 9.

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.

2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.”

Esta medida no implica per se el cierre de los establecimientos, ni públicos ni privados, ni la prohibición de que funcionarios y empleados acudan a sus respectivos lugares de trabajo.

Se trata únicamente del cierre de cara al público. Es decir, que cada funcionario y empleado acudirá a su puesto de trabajo, y desarrollará sus cometidos, pero “a puerta cerrada”, sin atender al público, sin pública concurrencia.

A esta regla general se aplican las excepciones oportunas, empezando por la decisión a tomar por cada centro público o privado de que sus empleados acudan presencialmente a sus puestos de trabajo o bien desempeñen sus cometidos y labores a distancia, telemáticamente o mediante los medios oportunos.

Al respecto, precisar que el Gobierno no declara la obligación del “teletrabajo” ni siquiera de la formación a distancia, ni “online”, ya que el Real Decreto 463/2020 refiere que: “Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «online», siempre que resulte posible.”

Habrá que atender caso a caso cuando resulta posible y cuando no resulta posible el prestar este servicio a los alumnos, y las posibles sanciones en las que pudiera incurrir el centro educativo, ya sea público o privado, que pudiendo dispensar su enseñanza online o a distancia no lo lleve a cabo, puesto que no se puede dejar de prestar atención al hecho de que la educación es un derecho de las personas que tampoco puede dejarse sin atender salvo por motivos justificados.

 2.    Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial.

“Artículo 10.

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.”

Uno de los preceptos que mayor confusión está generando en su aplicación.

Antes de analizarlo, conviene no perder de vista lo apuntado sobre el objetivo del Gobierno de “prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico” y servirse para ello de la limitación a la pública concurrencia de personas a fin de evitar la propagación del virus.

Con ello, el Gobierno suspende de manera general la apertura al público de todos los locales y establecimientos minoristas.

Primeramente, ha de analizarse qué se entiende por locales y establecimientos minoristas, ya que el Real Decreto 463/2020 no refiere nada al respecto.

De una primera aproximación es fácil determinar que el comercio mayorista está fuera del ámbito de aplicación a este punto del estado de alarma, quedando únicamente incluido el comercio minorista.

La diferencia entre comercio minorista y mayorista es difusa.

Como referente normativo puede atenderse a la legislación sobre el Impuesto de Actividades Económicas (Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas) en cuya virtud, y sin entrar en mayor detalle del imprescindible:

“A efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, se considera comercio al por mayor el realizado con:

a) Los establecimientos y almacenes dedicados a la reventa para su surtido.

b) Toda clase de empresas industriales, en relación con los elementos que deban ser integrados en sus procesos productivos, cualquiera que sea la forma que adopte el contrato. A estos efectos, se considerarán como tales empresas las que se dedican a producir, transformar o preparar alguna materia o producto con fines industriales.

c) Las Fuerzas Armadas y la Marina Mercante, en todo caso.

Asimismo, para que el comercio se considere al por mayor bastará con que se ejecuten transacciones o remisiones, aunque sea sin disponer de almacén o establecimiento, o que se conserven las mercancías en poder de los proveedores o en almacén ajeno en calidad de depósito a la orden y voluntad del depositante.”

A la vista del artículo, y dejando de un lado lo peculiar de las Fuerzas Armadas y la Marina Mercante, puede concluirse a los efectos que nos interesan que se considera comercio al por mayor el realizado por las empresas que se dedican a producir, transformar o preparar alguna materia o producto con fines industriales, así como los establecimientos y almacenes dedicados a la reventa para su surtido. Es decir, este tipo de comercio estaría fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 463/2020.

Por otra parte, prosigue la norma dictaminando que:

“A efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas se considera comercio al por menor el efectuado para el uso o consumo directo.

 Igual consideración tendrá el que con el mismo destino se realice sin almacén o establecimiento, siendo suficiente que se efectúen las transacciones o que se conserven las mercancías en poder de los proveedores, o en almacén ajeno en calidad de depósito a la orden y voluntad del depositante.

Para el ejercicio de las actividades a las que se refiere la presente letra, así como para el desarrollo de las facultades que en la misma se regulan, los sujetos pasivos podrán disponer de almacenes o depósitos cerrados al público.”

El uso o consumo directo parece ser la nota característica del comercio minorista, a efectos del IAE, con independencia de que en sus instalaciones se disponga de almacenes o depósitos para su actividad.

En similar sentido, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, art. 1, que dispone que:

“Se entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento”.

Ley 7/1996 que a los efectos que nos ocupa es valiosa también por cuanto que define qué hemos de entender por establecimiento comercial:

“Tendrá la consideración de establecimiento comercial toda instalación inmueble de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente; o toda instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma habitual.”

A la vista de todo lo expuesto podemos concluir afirmando que los establecimientos comerciales minoristas son aquéllos en los que en sus instalaciones se ejerce una actividad, desarrollada profesionalmente, y con ánimo de lucro, consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, para su uso o consumo directo.

Ya con ello, volviendo al Real Decreto 463/2020 y a su artículo 10, recordamos que, en él, el Gobierno suspende de manera general la apertura al público de todos los locales y establecimientos minoristas. Acabamos de ver cuáles son estos, y acto seguido nos ocupamos de la excepción al régimen general que establece el Gobierno. Es decir, la suspensión de la apertura al público de todo el comercio minorista, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de: “alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.”

Y añade el Gobierno que, además: “Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.” Esta es una cláusula de cierre. Supone que el Gobierno, además de las antedichas, puede suspender cualquier otra actividad o establecimiento (parece ser que de cualquier tipo, sea minorista o no, ya que no especifica al respecto). Para ello, se establecen únicamente dos requisitos: que sean suspensiones individualizadas y que estén justificadas en orden a evitar contagios (“a juicio de la autoridad competente” y que “pueda suponer un riesgo de contagio”). Fuera de estos supuestos, no parece que proceda el cierre de actividad o establecimiento alguno.

Y es que, como en el caso de las medidas en el ámbito educativo, no se prohíbe la apertura de los locales y establecimientos minoristas. Lo que se prohíbe es su apertura al público. En atención a la presunción de pública concurrencia de personas en estos locales y establecimientos y en aras de cumplir con el objetivo primordial de evitar el contagio.

Es por ello que no estando prohibida su apertura, no hay obstáculo alguno a que las personas que trabajan en locales y establecimientos minoristas de carácter “general” puedan acudir a sus puestos de trabajo. Eso sí, a “puerta cerrada” y en buena lógica evitando todo contacto presencial con el público. Contacto de cara al público que no se permite ni aún en supuestos de urgencia, habida cuenta de que el Real Decreto 463/2020 no establece al respecto excepción de ningún tipo a la prohibición general de atención al público (a salvo de las excepciones particulares en las actividades que se han enumerado).

Es precisamente esta prohibición de apertura al público de carácter general y sus necesarias excepciones las que se siguen perfilando por el Gobierno, y así se dispone como hemos visto en el apartado 2 del artículo 10 que: “La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.”

Es decir, la norma general es la prohibición de apertura de todos los establecimientos comerciales, a excepción de aquéllos que el Gobierno considera de vital importancia, que por ello los excepciona, y permite que se abran de cara al público, es decir, en lo que se admite la pública concurrencia de personas en su interior, como remedio último necesario para el bien común. No obstante, en orden a esta pública concurrencia, se disponen igualmente por el Gobierno normas de obligado cumplimiento en cuanto al número de personas a concurrir a la par en un mismo lugar y la forma en la que deben de concurrir, y así: “En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.”

El Gobierno utiliza un concepto jurídico indeterminado para establecer el número de personas a concurrir en un determinado lugar y se refiere con ello a la “aglomeración”. La determinación y alcance de la misma por lo tanto quedará al arbitrio de la Administración competente a cada momento, siendo lo más usual que en un primer momento recaiga sobre los agentes de la Autoridad encargados de velar por el cumplimiento de la norma.

Por el contrario, el Gobierno sí que dispone con precisión cuál es el espacio de seguridad a respetar entre las personas que concurren a un mismo lugar: un metro de distancia entre sí, al menos.

Conceptos importantes a tener en cuenta a la hora de posibles denuncias y sanciones.

 3.    Medidas de contención en el ámbito de equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos.

“Artículo 10.

 3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.”

La norma afecta en este precepto al ocio, entendido como tal el tiempo libre de una persona, en prácticamente todas las vertientes en las que se pueda disfrutar del mismo, con riesgo de pública concurrencia. A la vista del Anexo que se indica, claramente están representadas las distintas modalidades de ocio:

“Museos. Archivos. Bibliotecas. Monumentos. Espectáculos públicos. Esparcimiento y diversión: Café-espectáculo. Circos. Locales de exhibiciones. Salas de fiestas. Restaurante-espectáculo. Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. Culturales y artísticos: Auditorios. Cines. Plazas, recintos e instalaciones taurinas. Otros recintos e instalaciones: Pabellones de Congresos. Salas de conciertos. Salas de conferencias. Salas de exposiciones. Salas multiuso. Teatros. Deportivos: Locales o recintos cerrados. Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables. Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables. Galerías de tiro. Pistas de tenis y asimilables. Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. Piscinas. Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables. Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. Velódromos. Hipódromos, canódromos y asimilables. Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables. Polideportivos. Boleras y asimilables. Salones de billar y asimilables. Gimnasios. Pistas de atletismo. Estadios. Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. Espacios abiertos y vías públicas: Recorridos de carreras pedestres. Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables. Recorridos de motocross, trial y asimilables. Pruebas y exhibiciones náuticas. Pruebas y exhibiciones aeronáuticas. Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. Actividades recreativas: De baile: Discotecas y salas de baile. Salas de juventud. Deportivo-recreativas: Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades. Juegos y apuestas: Casinos. Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar. Salones de juego. Salones recreativos. Rifas y tómbolas. Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego. Locales específicos de apuestas. Culturales y de ocio: Parques de atracciones, ferias y asimilables. Parques acuáticos. Casetas de feria. Parques zoológicos. Parques recreativos infantiles. Recintos abiertos y vías públicas: Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas. De ocio y diversión: Bares especiales: Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. Bares de copas con actuaciones musicales en directo.De hostelería y restauración: Tabernas y bodegas. Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. Bares-restaurante. Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes. Salones de banquetes. Terrazas.”

Modalidades que, en beneficio del interés común, y a fin de evitar contagios, deben suspender su apertura al público.

Siguiendo una vez más la técnica normativa del Real Decreto 463/2020, cabe concluir que no se prohíben todas y cada una de las actividades señaladas en el Anexo, sino únicamente su apertura o desarrollo de cara al público.

Dentro de esta conclusión se encuadran las competiciones deportivas de referencia en nuestro país que no se han dejado de celebrar porque se haya prohibido la apertura al público de los estadios, centros deportivos y demás (cabría estudiar la posibilidad de jugar a puerta cerrada), sino por decisión al respecto de cada una de las respectivas federaciones, asociaciones y clubes afectados.

En estas medidas sí que, a diferencia de las referidas al ámbito educativo y comercial, nos encontramos con varias actividades que no pueden ser llevadas a cabo sin incurrir en un riesgo de pública concurrencia, puesto que no pueden ser desarrolladas sin que lo sean públicamente. Nos referimos a las que acontecen en espacios abiertos y vías públicas, que precisamente por servirse de estos espacios públicos, no pueden llevarse a cabo sin que se hagan de manera pública, estando por lo tanto prohibidas de facto: entre otras, recorridos de carreras pedestres; recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables; recorridos de motocross, trial y asimilables; pruebas y exhibiciones náuticas; pruebas y exhibiciones aeronáuticas.

 4.    Medidas de contención en el ámbito de actividades de hostelería y restauración.

“Artículo 10.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.”

En este caso sin embargo nos encontramos con que el Gobierno no ha dispuesto la suspensión “al público” sino directamente la suspensión, entendemos que total, a salvo de los servicios de entrega al domicilio.

Con un ánimo constructivo, parece que la redacción más apropiada debiera ser la de suspender la apertura al público las actividades de hostelería y restauración, a fin de ser lo más preciso posible en la redacción de una norma cuyo incumplimiento es generador de cuantiosas sanciones. Y es que no se termina de entender como se pueden prestar por la hostelería y restauración servicios de entrega a domicilio sin la apertura de los locales de hostelería y restauración que preparen las comandas.

Es más, incluso cabría señalar que los servicios de entrega a domicilio no tienen porqué relacionarse con el sector de la hostelería y la restauración, pudiendo ser ajenos al mismo, como en el caso de los servicios de reparto dedicados a la compra, recogida y envío de pedidos a través de repartidores independientes.  

5.    Medidas de contención adicionales.

“Artículo 10.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.”

Medida a priori sin mayor complejidad habida cuenta de que las conductas descritas son manifestaciones de carácter popular, en las que no se discute el carácter de pública concurrencia de personas. Suspendidas por lo tanto.

 6.    Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas. 

“Artículo 11.

La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro.”

Se quiere respetar por el Gobierno la libertad de culto, y se rehúsa suspender este tipo de actos; condicionados en su celebración, eso sí, como en el caso de la excepciones en lugares comerciales, a que se respete una distancia de separación mínima de un metro entre asistentes y de que la suma de todos ellos no se convierta en una aglomeración. Criterio este último que como ya hemos visto es indeterminado, a valorar en cada caso.

 7.    Medidas de contención en materia de transportes.

Reguladas en el artículo 14, siendo este uno de los preceptos más amplios y a su vez más importantes de los que regula el Real Decreto 463/2020 habida cuenta de que la declaración y efectos del estado de alarma es de manera general el mismo en todo el territorio nacional, si bien al respecto de su aplicación puede concretarse en según qué circunstancias. Piénsese que poco tiene de similar el transporte público de una gran ciudad con el de una pequeña localidad. E incluso entre similares poblaciones, los medios pueden ser diferentes, ya que, por ejemplo, no todas las provincias cuentan con servicios ferroviarios de cercanías, o alta velocidad, tranvías, metro, o incluso transporte marítimo de interior.

Es por ello que el Real Decreto dispone que en relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la Administración competente sobre los mismos, la máxima autoridad competente en la materia, esto es el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, queda habilitado para dictar los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

Es decir, el Real Decreto habilita al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, de oficio, o a petición del resto de Autoridades, disponga lo conveniente en cada caso en concreto, sin mayor concreción, precisamente en atención a la diversidad de nuestro país en cuanto a necesidades y medios de transporte público se refiere.

El único límite que aparentemente se le impone a la decisión del Ministro del ramo es el respetar una reducción del cincuenta por ciento en la oferta total de operaciones de según que tipos de transporte, o bien de mantener esta oferta al cien por cien en los supuestos indicados.

Límite aparente decimos porque no obstante estos porcentajes, tal y como indica el Real Decreto 463/2020, y sin que sea precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno, por resolución del citado Ministro, en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, se podrán modificar los meritados porcentajes y establecer condiciones específicas al respecto. Siempre y cuando, eso sí, se tenga en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.

Por lo tanto, habrá que estar a las distintas resoluciones que sobre cada caso en concreto vaya concretando el Ministerio a estos efectos, única Autoridad competente en la materia mientras esté vigente el estado de alarma.

Finalmente, en el Real Decreto 463/2020 se hace referencia a algunas medidas mucho más específicas que deben cumplirse por los operadores de servicios de transporte. Medidas que, sin restarle su importancia, y dada la importancia del resto de disposiciones del Real Decreto por el que se acuerda el estado de alarma, verdadera norma marco de referencia, quizá hubiera sido más acertado el haber reservado su regulación, junto con otras cuestiones de idéntico calado, a las distintas resoluciones que en cada caso en concreto tenga a bien disponer el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la materia que nos ocupa.

Obligaciones, que en definitiva dispone el Real Decreto 463/2020, como la de realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad, o incluir durante el proceso de venta online de billetes de transporte un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. O la de tomar las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros, en aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote.